El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros ha convocado una Junta Local de Seguridad donde trasladará a la Delegación del Gobierno la petición de contar con refuerzos de la Guardia Civil hasta la resolución del conflicto con la Policía Local, donde actualmente más de la mitad de la plantilla se encuentra de baja.
Así lo ha manifestado el alcalde de la localidad, Paco Jiménez, en una comparecencia este viernes para explicar los problemas hechos públicos por la portavoz del PP por falta de acuerdo en las negociaciones entre el gobierno local (PSOE) y el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Extremadura (SPPME).
“No cuestiono a los facultativos médicos, pero que nadie nos tome por tontos porque yo no tengo ni un pelo de tonto”, ha destacado el primer edil, que acusa a la mayoría de los policías locales que se han dado la baja médica recientemente, 11 desde el día 1 de mayo de 2024, de “evadir obligaciones y utilizar la baja como elemento de presión para conseguir sus fines”.
En un comunicado de prensa, la Delegación del SPPME en Villafranca ha asegurado que el origen del problema no es económico sino que “los afiliados a este sindicato llevan sufriendo desde hace muchos meses, un trato arbitrario e improcedente”.
El alcalde ha hecho público el documento entregado por el sindicato policial en que su solicitud consiste en la “aplicación inmediata” de una instrucción interna propuesta y la “asimilación del complemento de productividad” como complemento especifico en una cantidad de 250 euros para los agentes y 300 euros para los oficiales.
Según ha explicado Paco Jiménez, parte de la Policía Local venía cobrando de forma “ilegal” lo que ha calificado como “un salario encubierto por la vía de la productividad” desde mayo de 2022, una medida acordada por este sindicato con el anterior gobierno (Cs-PP) que dejó “al margen a 4 policías y al resto de trabajadores municipales”.
Además, en el documento del SPPME informaban de “la negativa de realizar servicios extraordinarios” por parte de los agentes hasta que se aprobaran sus dos peticiones, lo que el alcalde ha tildado de “chantaje”.
“En el camino se quedan los derechos de los ciudadanos, los que pagan con sus impuestos para tener seguridad. Reivindicaciones todas las que quieran, pero chantajes ninguno, y la única vía para el entendimiento es la negociación”, ha dicho el alcalde.
De esta manera, Jiménez ha instado a todos los sindicatos que tienen representación en la Administración local (UGT, CSIF y SPPME) a iniciar la negociación para un nuevo complemento específico de todos los trabajadores de la misma, y no sólo los policías locales.
“Me parece razonable abordar mejoras salariales y un nuevo convenio para los trabajadores municipales que refuerce sus derechos y mejore la calidad de los servicios públicos”, ha trasladado el edil.