Familias solicitantes de viviendas sociales en Villafranca de los Barros se han concentrado este jueves para exigir a la Junta de Extremadura una solución urgente ante el retraso en la adjudicación, cuyo proceso permanece abierto desde septiembre de 2023. Las familias afectadas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, denuncian que llevan más de 20 meses esperando sin una fecha clara para la entrega de las llaves.
El procedimiento de adjudicación se ha visto retrasado por errores de interpretaciones administrativas y, aunque se publicaron las listas provisionales hace tres meses, la Junta de Extremadura, propietaria de las viviendas, sigue sin publicar una resolución definitiva.
Durante la concentración, una de las afectadas, Patricia Viñuela, ha leído un comunicado en el que critican duramente la “persistente inacción” de la Junta, acusándola de “bloquear injustificadamente las adjudicaciones” y de malgastar recursos públicos al permitir que las viviendas continúen vacías y deteriorándose.
“¿Cómo pueden justificar 20 meses de retraso en un proceso administrativo?”, ha cuestionado Viñuela, que exige transparencia y responsabilidades públicas. Entre sus demandas, se incluye un informe detallado sobre el estado actual de las viviendas, una auditoría económica del proceso y la publicación de los responsables del retraso.
Familias a la espera
Algunos de los manifestantes han compartido con La Gaceta Independiente su testimonio, marcada por el alto coste de los alquileres, la precariedad laboral y, en algunos casos, condiciones de salud que requieren una vivienda adaptada. Es el caso de Coro Silva, que ocupa el sexto lugar en la lista provisional y vive desde hace años en régimen de alquiler con su marido y sus dos hijos.
“Estamos desesperados, desde que se inició el proceso en 2023 han pasado casi dos años y todavía no sabemos nada”, ha lamentado.
Por su parte, Paola Peña, madre de dos niñas pequeñas, también denuncia el impacto del retraso: “Mi pareja está de baja por un accidente laboral. Entre el alquiler, la luz, el agua, la basura y los gastos escolares, el sueldo no da para más. Lo que pedimos es al menos una respuesta, algo que nos dé esperanza”.
El problema de las viviendas vacías
El comunicado leído durante la protesta también cuestionó la actitud del Ayuntamiento, al que acusan de no utilizar todas las herramientas legales disponibles para combatir la especulación y el abandono de viviendas en Villafranca. En concreto, recordaron que el consistorio puede aplicar un recargo del 50% en el IBI a las viviendas desocupadas de forma permanente, según la ley estatal.
Asimismo, se citó el incendio reciente de una vivienda abandonada en la calle Albuera como ejemplo de los riesgos que conlleva la inacción institucional: “No hacer nada perpetúa un problema social, pero también pone vidas en peligro”.
“No vamos a parar hasta conseguirlo”
Los asistentes a la concentración aseguraron que continuarán movilizándose hasta que se entreguen las viviendas y se depuren responsabilidades.
“Esto no va solo de 31 viviendas, va de dignidad”, han concluido.