Fotos: Pool Moncloa / Fernando Calvo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado hoy hasta el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla (Cáceres), donde ha mantenido una reunión con los responsables de los operativos de emergencia y coordinación. Durante su visita, anunció que el Ejecutivo declarará zona de emergencia a los territorios afectados por los incendios.
En su comparecencia ante los medios, Sánchez destacó el compromiso del Gobierno central de apoyar la reconstrucción una vez se logre extinguir el fuego y se evalúen las pérdidas económicas sufridas por los vecinos de los municipios afectados. Para ello, aseguró, se pondrán a disposición los recursos de la Administración General del Estado.
El presidente subrayó que «el Estado somos todos», incluyendo a la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil y brigadas forestales, recordando además que desde el inicio de la crisis el dispositivo de Protección Civil ha estado trabajando junto a la Junta de Extremadura y lo seguirá haciendo hasta el final de la emergencia.
Sánchez hizo referencia a los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma en 2021, tras la erupción del volcán, cuando se decidió reforzar el sistema nacional de protección civil. Gracias a ese marco, añadió, el Ministerio del Interior ha coordinado la respuesta y facilitado la colaboración de distintas comunidades autónomas con Extremadura.
Además, recordó que se ha activado el mecanismo de protección civil europeo, lo que ha permitido contar con medios de otros países. Según señaló, esta cooperación internacional demuestra que la lealtad institucional y la solidaridad, tanto entre regiones como entre Estados, son esenciales para contener y extinguir catástrofes como esta.
Sánchez reiteró su respaldo a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, asegurando que el Gobierno de España seguirá al lado de la Junta en la gestión de esta emergencia y posteriormente en la recuperación de las zonas dañadas.
Por su parte, Guardiola reclamó una reforma conjunta de la normativa ambiental, a la que calificó de «excesivamente rígida» y alejada de la realidad del mundo rural. También instó al Ejecutivo central a realizar una inversión significativa en materia de prevención de incendios.