El ministro Planas no convence a los agricultores, los problemas siguen sin soluciones, exactamente no se han movido un ápice del punto inicial de las recientes reivindicaciones. La palabra decisiva la tiene Europa y ahí son los grandes fondos de inversión y las grandes cadenas distribuidoras las que deciden. La política del gobierno de España es la de dividir a las organizaciones agrarias y diluir las movilizaciones de los agricultores esperando que se cansen y vuelvan nuevamente a la rutina de la pasividad y el conformismo. Sin embargo, la lucha de los agricultores no puede parar, las poblaciones tenemos que seguir apoyando unas movilizaciones que tienen una influencia fundamental en el futuro desarrollo y mantenimiento de la agricultura, en el precio de la cesta de la compra, en nuestra soberanía alimentaria sin dependencias externas y en general, en la supervivencia del mundo rural.
Los problemas que tienen los agricultores derivan de las políticas de la Unión Europea. La Unión Europea, desde sus inicios en el Tratado de Roma en 1957 con la constitución de la Comunidad Económica Europea y posteriormente, con la creación de la PAC en 1962, está demostrando ser una herramienta pensada, para organizar y satisfacer los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y las grandes cadenas distribuidoras.
La tendencia general a la que conducen y facilitan las políticas gubernamentales en el mundo de la agricultura es la concentración y centralización de la tierra. En unas ocasiones a pasos lentos y en otras con mayor rapidez, pero siempre en la misma dirección y sentido, la necesaria liquidación de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas. A la vista está lo que viene ocurriendo desde hace muchos años.
Las cuestiones políticas que quebrantan a los agricultores se asientan en varios pilares de todos conocidos, aún por los más profanos en la materia. Así, entre otros, un punto importante son los acuerdos comerciales con terceros países y entidades supranacionales. Estos acuerdos están impulsados por los países del Norte de Europa especializados en la producción industrial. La competencia en los mercados internacionales les obliga a tener bajos costes de producción que en buena medida vienen determinados por los salarios, que a su vez dependen de los precios de los alimentos.
Otra cuestión fundamental es la distribución de los fondos de la PAC de la que son beneficiarios en cantidades sobresalientes las grandes cadenas de supermercados como Mercadona, Lidl, empresas fabricantes de Piensos, Telefónica, y entidades religiosas, etc. Todas ellas aprovechan la ejecución de algunas de las actividades contenidas en el menú de los conceptos que propuestos por la Comisión Europea aprueban los Estados dentro de los dineros asignados a los Planes de Desarrollo Rural.

