Estamos normalizando algo preocupante: que ante una información incómoda, desagradable o directamente dolorosa, la reacción de algunas personas sea amenazar con denunciar a periodistas para evitar que se publique una noticia. No para contrastarla, matizarla, explicar su versión, sino para silenciarla.
Lo he vivido en primera persona. Amenazas directas de ser denunciados por la intención de publicar informaciones noticiables, por realizar fotografías en la vía pública o por contar hechos que han sucedido a la vista de todos y que son de interés porque afectan a la vida de nuestros pueblos. Accidentes, robos, sucesos que ocurren en nuestras calles y que forman parte de la realidad. Informar sobre ello no es un capricho ni un acto de morbo. Es nuestro trabajo.
Conviene recordarlo: los periodistas no somos enemigos ni verdugos. Somos personas. Personas que trabajan, que salen a la calle, que dan la cara y que cuentan lo que pasa porque existe un derecho fundamental a la información. Un derecho que no desaparece porque una noticia resulte incómoda para alguien.
Pero eso no significa falta de sensibilidad. Al contrario. Los periodistas entendemos, y mucho, que haya protagonistas o víctimas que no quieran verse expuestos, que estén pasando por un mal momento o que teman las consecuencias de una publicación. Eso es humano. Y precisamente por eso, la vía nunca debería ser la amenaza. Hablar es la solución.
Explicar la situación, pedir respeto, solicitar que no se publique una imagen o un dato concreto, razonar los motivos.
Se puede desarrollar una relación sana entre la sociedad y los medios de comunicación, pero la educación y el respeto siempre abren más puertas que el miedo. Porque a nadie le gusta sufrir amenazas y menos por hacer su trabajo. Y una cosa es muy importante de recordar: informar no es un delito.
No lo es y todos somos personas. Periodistas, protagonistas, víctimas, vecinos. Todos merecemos respeto. Y ese respeto empieza por algo tan básico como hablar y dialogar antes de amenazar.