Un grupo de trabajadores de la residencia de mayores La Coronada de Villafranca de los Barros ha denunciado públicamente la situación “insostenible” que se vive en el centro desde hace años debido a un conflicto laboral que no ha sido resuelto pese a haber sido trasladado en reiteradas ocasiones a la dirección y al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
A través de un comunicado, el colectivo ha señalado que el origen del problema radica en la conducta de una trabajadora del centro, cuya actitud ha generado de forma continuada un “clima de tensión y hostilidad” en el entorno laboral.
Según han explicado, esta situación se ha comunicado desde la dirección de la residencia como a instancias superiores del SEPAD, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas “efectivas”, lo que ha permitido que el conflicto persista y se agrave con el paso del tiempo.
Como consecuencia, han indicado que actualmente hay al menos cinco trabajadores de baja laboral, algunos de ellos por episodios relacionados con ansiedad, al no poder desarrollar su labor en un ambiente adecuado.
Además han advertido de que este deterioro del clima laboral no solo afecta a la plantilla, sino también a la calidad del servicio que se presta a los usuarios del centro, al interferir en el normal desarrollo de las funciones asistenciales.
Denuncias y falta de respuesta
Fuentes del colectivo han señalado que el problema se remonta a más de quince años y que, en este tiempo, se han presentado escritos y denuncias relacionadas con riesgos laborales ante la Junta de Extremadura, sin que hayan tenido una respuesta que haya permitido solucionar la situación.
Asimismo, indican que la dirección del centro habría solicitado en varias ocasiones la intervención del SEPAD, incluyendo la petición de que se adopten medidas respecto a la trabajadora implicada y que se le someta a un reconocimiento médico, sin que, según estas fuentes, se haya producido una actuación concreta hasta la fecha.
La última comunicación trasladada a la administración autonómica, dirigida a la directora general del SEPAD, habría recibido como respuesta que el caso sería estudiado.
Llamamiento a una intervención urgente
Ante esta situación, el colectivo ha reclamado a las autoridades competentes una intervención “urgente y efectiva” que permita poner fin al conflicto, garantizar un entorno laboral adecuado y asegurar la calidad en la atención a las personas mayores residentes.
Los trabajadores subrayan que su prioridad es prestar un servicio digno y de calidad, pero reconocen que han llegado a un punto “límite” que les ha llevado a hacer pública la situación con el objetivo de que se adopten soluciones.