El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este jueves la Fundación Ruy López de Almendralejo para trasladar el respaldo institucional a la entidad tras los recientes ataques racistas sufridos y poner en valor su trabajo en el proceso de regularización de personas migrantes.
Durante la visita, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, también ha mostrado el “apoyo” y la “solidaridad” del consistorio hacia la fundación y ha condenado unos hechos que considera una forma de violencia. Ha recordado que la entidad ha sufrido una pintada en su fachada, otra en su cartel identificativo y el sellado con silicona de la cerradura, lo que ha dificultado su actividad.
Ramírez ha subrayado la colaboración habitual entre el Ayuntamiento y la fundación en distintos programas y ha defendido su papel como “lugar de acogida” para personas vulnerables en la ciudad, no solo migrantes en proceso de regularización, sino también otros colectivos.
En este contexto, ha explicado que los servicios sociales municipales también elaboran informes de vulnerabilidad para quienes lo solicitan, dentro del proceso de regularización extraordinaria, y ha asegurado que este trabajo se está desarrollando con normalidad, sin lista de espera y como una tarea administrativa más. Asimismo, ha rechazado la petición de financiación extraordinaria para estas labores por parte de algunos municipios, al considerar que forman parte de las competencias habituales de los ayuntamientos.
Por su parte, Quintana ha destacado la importancia de entidades como la Fundación Ruy López, habilitadas para tramitar íntegramente los expedientes de regularización y emitir certificados de vulnerabilidad, en un proceso que, según ha defendido, responde a una “forma humana” de reconocer la situación de personas que ya residen en España.
El delegado ha condenado los discursos racistas y xenófobos, que ha calificado de “inhumanos”, y ha vinculado este clima con los ataques registrados en la fundación, actualmente investigados por la Policía Nacional, para los que ha solicitado un refuerzo de la vigilancia.
En relación con la regularización, ha indicado que en Extremadura hay ya cinco asociaciones habilitadas —dos en Cáceres y tres en Badajoz— y ha estimado que entre 3.000 y 4.000 personas podrían acogerse al proceso antes del plazo límite del 28 de junio.
Durante su intervención, Quintana también se ha referido al contexto político autonómico y ha expresado su “preocupación” ante la posibilidad de que Vox asuma la gestión de los menores migrantes no acompañados, al tiempo que ha advertido de que el Gobierno de España estará “muy atento” para que se cumplan todas las leyes en esta materia.