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Defensa de lo Público acusa a la Junta de mantener una «estafa política» con Valdecañas y el regadío de Tierra de Barros

La plataforma Defensa de lo Público ha acusado a la Junta de Extremadura de mantener una «estafa política» tanto en la gestión del complejo turístico de Valdecañas como en el proyecto de regadíos de Tierra de Barros, al considerar que el Ejecutivo regional retrasa la adopción de medidas efectivas para resolver ambos asuntos.

En un comunicado, la organización ha criticado los recursos y decretos impulsados por la Administración autonómica para intentar evitar la demolición de la urbanización de Valdecañas, ubicada en una zona protegida ZEPA, y ha defendido que la Junta debe cumplir las resoluciones judiciales que ordenan su derribo.

Según la plataforma, prolongar el proceso transmite a la ciudadanía un mensaje negativo sobre el respeto a la legalidad y puede incrementar el coste económico para las arcas públicas extremeñas.

Respecto al proyecto de regadíos de Tierra de Barros, Defensa de lo Público considera que la Junta continúa impulsando iniciativas que, a su juicio, carecen de perspectivas reales de materialización y contribuyen a alargar el proceso mediante debates políticos y mediáticos.

La organización se refiere al anuncio de una inversión inicial de 20 millones de euros en 2026 para evitar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental prevista para 2027 y expresa dudas sobre que esa partida llegue finalmente a ejecutarse.

Además, sostiene que el Ejecutivo autonómico evita abordar cuestiones que considera fundamentales para el desarrollo del proyecto, como las concentraciones parcelarias, la redistribución de tierras y la definición de un plan global de financiación para una actuación cuyo coste cifra en cerca de 400 millones de euros. También asegura que se desconoce la aportación económica inicial que tendrían que asumir los agricultores.

Por último, la plataforma cuestiona las declaraciones del director general de Regadíos sobre los beneficios futuros de la infraestructura y considera que los plazos planteados para apreciar sus efectos positivos son excesivamente largos para los agricultores afectados.

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