La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha exigido este martes a la Junta de Extremadura que realice una auditoría pública sobre la construcción de las 31 viviendas sociales en Villafranca de los Barros, cuya adjudicación se ha visto paralizada por defectos estructurales graves y ha pedido ayudas al alquiler para todas las familias afectadas mientras no puedan acceder a una vivienda digna.
“Hace diez años se prometieron 31 viviendas a familias trabajadoras de Villafranca, diez años después, vemos cómo están construidas pero deshabitadas por los profundos daños estructurales que presentan, es inadmisible”, ha denunciado De Miguel durante una visita a la localidad pacense para reunirse con los afectados.
“Exigimos que se pongan a punto ya. La Junta tiene que rehabilitar estas viviendas públicas y garantizar que las familias no tengan que esperar otro año más para poder entrar a vivir, porque ya llevan una década esperando”, ha añadido.
Además, ha reclamado que “se depuren responsabilidades a través de una auditoría” y que “no se permita que las constructoras que han hecho estas chapuzas se vayan de rositas”.
Además, ha subrayado la urgencia de implementar ayudas al alquiler para todas las familias afectadas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad: “no puede ser que tengan que seguir esperando en condiciones precarias por un error que no es suyo”.
Una de las preadjudicatarias, Tere Soto, también ha alzado la voz en nombre de las familias afectadas: “estamos indignados, nos hemos enterado por redes sociales, viendo unas fotos, nadie de la Junta se ha puesto en contacto con nosotros, a pesar de que hemos pedido reuniones muchísimas veces. No es justo que sepamos del estado de las viviendas así, sin ninguna comunicación oficial”.
Soto ha denunciado que es la tercera vez que se paga por estas viviendas, en referencia a las sucesivas inversiones públicas por los fallos constructivos: “¿Qué clase de constructora ha hecho esta obra? ¿Y por qué se les permite seguir trabajando así?”.
El enfado de las familias se ha intensificado tras conocer que las viviendas, cerradas desde hace más de dos años, no se entregarán hasta marzo de 2026.
Según la Junta, se necesitan obras de reparación valoradas en medio millón de euros debido a graves humedades, actos vandálicos y fallos estructurales, especialmente en las cubiertas. La licitación está prevista para julio o agosto y las obras no empezarían hasta finales de este año.
El proceso de adjudicación sigue sin resolverse, aunque se inició en septiembre de 2023, aún no hay un listado definitivo de adjudicatarios. La Junta ha responsabilizado al Ayuntamiento de Villafranca (PSOE) de los retrasos, aludiendo a “reticencias políticas”.