La Comunidad de Regantes de Tierra de Barros atraviesa uno de sus momentos más críticos. Su presidente, Isidro Hurtado, ha expresado con contundencia el hartazgo y la frustración del colectivo durante la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en la tarde de este martes. La situación actual es insostenible debido al “abandono de la administración” y si en los próximos seis meses no se produce ningún avance tangible en el proyecto de regadío como es el inicio de las obras, se propondrá su disolución.
Durante la asamblea se abordaron los puntos habituales que recogen los estatutos, como la aprobación de las cuentas y la auditoría, pero el tema central fue el estado del proyecto de transformación en regadío, paralizado desde hace años. Hurtado denunció que, tras más de una década de esfuerzos y promesas, los agricultores siguen esperando. A su juicio, en el último año y medio no se ha hecho prácticamente nada y lo poco que se ha hecho ha sido “inconsistente”.
Lamentó que los problemas que surgen no reciben respuestas eficaces, y que en casi todos los casos es la propia comunidad la que acaba buscando soluciones. “O no se nos hace caso, o no se entiende, o no se acepta lo que proponemos. Así no se puede seguir. Nos están dejando morir poco a poco”, afirmó visiblemente decepcionado.
Hurtado propuso a la Junta General darse un margen de seis meses. Si en diciembre no hay un avance claro, como el inicio de las obras, se procederá al cierre de la comunidad. Recalcó que, de llegar a ese punto, la responsabilidad no será de los regantes, que han aportado durante todos estos años el trabajo y la ilusión necesarios para sacar el proyecto adelante.
“Siempre he hablado con entusiasmo de esto, porque creo que sería bueno no solo para los agricultores, sino para toda la comarca. Pero si no hay apoyo político, poco se puede hacer”, ha dicho.
Uno de los aspectos más delicados es que en agosto caduca la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un elemento clave para que el proyecto pueda ejecutarse. Si no se inicia ninguna obra antes de esa fecha, será necesario tramitar una nueva DIA, lo que implicaría prácticamente empezar desde cero.
Por ello, la comunidad ha propuesto a la Junta que utilice los 20 millones de euros anunciados hace unos meses para arrancar al menos con una primera actuación, como la toma desde el embalse, que permitiría mantener vigente la DIA.
A pesar de la gravedad del momento, Hurtado confirmó que continuará al frente de la presidencia, al menos mientras cuente con el respaldo de los comuneros. Aseguró que dar un paso atrás ahora sería lo más fácil, pero no lo considera justo ni éticamente aceptable. También indicó que el resto de su equipo seguirá implicado, como hasta ahora.
Sobre la Comisión de Investigación en la Asamblea de Extremadura, donde está citado a comparecer el 9 de julio, el presidente fue muy escéptico. A su juicio, esta comisión no está sirviendo para avanzar, sino únicamente como espacio para el enfrentamiento político. “Yo debo de ser muy torpe, porque escucho a todos los partidos decir que el proyecto es clave, pero no se ponen de acuerdo en nada. Solo se tiran los trastos unos a otros”.
En cuanto a la interlocución con la Junta de Extremadura, Hurtado mencionó que el principal canal es el consejero Ignacio Higuero, además de reuniones puntuales con los directores generales de Medio Ambiente y Agricultura. También han solicitado en dos ocasiones una reunión con la presidenta María Guardiola, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Tienen previsto insistir en una nueva solicitud, aunque por el momento no hay fecha.
La comunidad encara los próximos meses como decisivos. El tiempo corre en contra y, si no se toman medidas urgentes, el proyecto de regadío que lleva más de una década en desarrollo podría perder su última oportunidad. La desilusión crece entre los agricultores, mientras la esperanza se agota.