Las organizaciones agrarias ven cortas las modificaciones introducidas por el Consejo de Europa en las normas relacionadas con la PAC. Algunas de ellas tienen como objetivo simplificar las reglas, reducir la carga administrativa y proporcionar una mayor flexibilidad para cumplir con ciertas condicionalidades medioambientales que se deben cumplir como condición para recibir subsidios de la PAC. En este sentido, se eximirán a las pequeñas explotaciones, las de menos de 10 hectáreas, de controles y de sanciones relacionadas con los requisitos de condicionalidad. Esa medida afectará al 65% de los beneficiarios de la PAC, que, sin embargo, solo representan alrededor del 10% de las tierras agrícolas.
En síntesis, algunas de las entidades sindicales vienen a considerar que se avanza en medidas que afectan a la flexibilización de la PAC, mientras que otras organizaciones destacan que es necesario negociar urgentemente aspectos de la regulación y control de las importaciones, otros relacionados con los mercados y la Ley de Restauración de la Naturaleza.
Las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, incitando al Consejo Europeo a la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza al indicar que lo contrario sería un fracaso, contrastan con el silencio del ministro de Agricultura, Luis Planas, para salir en defensa de los agricultores.
Por otro lado, aquella Ley sigue manteniendo en gran parte el conflicto público entre las organizaciones agrarias y el gobierno. Las diferentes organizaciones agrarias señalan que los avances realizados por el Consejo de Europa en relación con las reivindicaciones manifestadas por los agricultores en sus movilizaciones no son suficientes para acabar con los problemas que afectan de modo estructural al campo, y por ende, al mundo rural.
En todo caso, hay una coincidencia general de que lo que motiva las movilizaciones de los agricultores en Europa y en España son las excesivas cargas ambientales que soportan agricultores y ganaderos y que se traducen en incremento de los costes o merma de los ingresos que no siempre están compensados o no lo están suficientemente. Son, además, en muchas ocasiones, normas alejadas de la realidad agronómica de nuestras explotaciones y del territorio que no han demostrado una incidencia favorable en los objetivos ambientales o climáticos perseguidos.
Una consideración general, que especialmente destaca el sindicato LA UNIÓN es que la citada Ley afectará a las prácticas llevadas a cabo en tierras de uso agrícola y ganadero que podrán implicar la obligación de introducir ciertas limitaciones en el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas que tendrán consecuencias negativas y en concreto, inducirán muy especialmente al abandono de explotaciones para permitir que los ecosistemas desarrollen sus propias dinámicas. Todo ello, sin que, además, se contemple una dotación financiera adicional para cubrir y compensar estas nuevas exigencias.
Además, consideran que todas estas imposiciones nacidas de la Ley y de los reglamentos que se aprueben en Europa aumentarán de forma injustificada la presión sobre las explotaciones agrarias y contribuirán a seguir distorsionando la competencia de nuestro sector con las producciones procedentes de aquellos países terceros en donde no se aplican las normas ambientales, climáticas y éticas que los productores europeos y españoles están obligados a respetar.
En definitiva, la sociedad tiene que comprender que, aunque es difícil que quienes gobiernan Europa y España busquen soluciones a los problemas estructurales que afectan a los agricultores y ganaderos, la única manera de cambiar las cosas es que la sociedad apoye para que salgan adelante sus reclamaciones, requisito necesario no sólo para el mantenimiento de las explotaciones agrarias, sino también, como elemento imprescindible para evitar el vaciamiento del mundo rural.