Dibujo de David Merino Mancera
La joven República española de 1931 se vio inmersa en un ataque con el propósito de acabar con ella. Una parte del ejército daba un golpe de Estado cuando contaba con apenas un quinquenio de existencia, pero el ejército republicano se hizo fuerte y desencadenó en un enfrentamiento entre dos bandos. Los golpistas se autodenominaron Bando Nacional y los defensores de la República formarían el Bando Republicano que realmente era el auténtico ejército defensor de la nación española y de las leyes vigentes. El golpe iniciado en el protectorado de Marruecos el 17 de julio se amplió el día después en la franja suroeste de la península tras la inmersión por el Estrecho de Gibraltar llevando a esta zona al control de los sublevados. Infinidad de pueblos y ciudades fueron cayendo, pasando al dominio de las fuerzas rebeldes. En la mayoría de estas plazas se produjeron asesinatos, muchos de ellos de lo más desgarradores y violentos.
Las autoridades de la ciudad de Villafranca de los Barros, ubicada en la provincia de Badajoz, eran conocedoras del avance día tras día de los hostigadores de la democracia con dirección a Madrid, derramando mucha sangre a su paso. El día 5 de agosto hubo un intento desesperado de parar a un ejército bien armado y dispuestos, sin piedad alguna, al precio que fuera, a ocupar los pueblos y ciudades de España. El choque se produjo en el término de Los Santos de Maimona. El intento resultó infructuoso.
El 7 de agosto algunas personas a la entrada de Villafranca de los Barros, y más por sus sentimientos republicanos que porque fueran capaces de repeler la inmersión de los rebeldes, con un potencial humano y armamentístico prácticamente invencibles, se vieron acorraladas y algunas perdieron la vida. La ocupación del pueblo fue rápida. Las autoridades republicanas huyeron, aunque muchas de ellas acabarían más adelante siendo ejecutadas. Los caciques, empoderados y auspiciados por un retén de soldados, contaban además con la colaboración incondicional de bastantes acólitos entre vecinos civiles, y uno de ellos, mujer para más señas, se convertiría en una de las personas más malvadas de la reciente historia de esta ciudad extremeña.
Los vecinos que no eran afines al nuevo orden establecido llevaban el marchamo no sólo de enemigos sino también de apestados y había que aniquilarlos. Y además la envidia, la inquina, el revanchismo, un amor no logrado y otras circunstancias convirtieron a gran parte de los vecinos en dianas que recibían dardos envenenados. Y no fueron pocos quienes, para salvar el tipo, se cambiaron de chaqueta. El pueblo se convirtió en una cacería en la que, además de los asesinos, estaban los que ponían su grano de arena aportando material y lo que fuese necesario, y los que señalaban con el dedo convirtiéndose en cómplices de cientos de vecinos fusilados, muchos de ellos estando al margen de la política. En el término municipal sólo se contaban muertos a manos de los partidarios del golpe de Estado. Ni una sola persona afín a los sublevados sería ejecutada en esta humilde ciudad con una población de 15.659 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística en el año 1936 (es probable que la cifra real en cuanto a habitantes de hecho fuera superior). Apenas una docena de vecinos derechistas perdían la vida al ser asesinados en otros municipios o ciudades.
La funesta mujer, convertida por la cruel guerra de España en una persona sobradamente conocida, está totalmente identificada con su nombre completo, pero murió como tantos otros individuos con la más vergonzante impunidad, habiéndose llevado por delante a muchos vecinos y destrozado a numerosas familias. De nada ha servido hasta el momento la democracia instaurada tras la muerte del dictador para que estos sujetos macabros sean al menos condenados post mortem. Del mismo modo los historiadores, estudiosos e investigadores nos vemos impotentes por no poder sacar a la luz el nombre y apellidos de los asesinos, chivatos y colaboradores de las pérdidas humanas, ya que la actual legislación al respecto es de lo más torticera y ante una demanda judicial paradójicamente nos veríamos inmersos en procesos judiciales que nos llevarían a ser condenados.
Pero vamos a detallar más a la individua cuyos restos mortales descansan en su pueblo plácidamente, en el cementerio municipal, en un nicho, y no como los restos de algunos y algunas de los que ella, por su complicidad, llevó a no se sabe dónde tras las ejecuciones.
Por lo expresado anteriormente nos vemos obligados a facilitar sus datos de forma codificado, aunque las iniciales son las auténticas. Su nombre era J. (en algún documento aparece con nombre compuesto J.A.), y su primer apellido A. Y tenía un apodo cuanto menos llamativo, llegó a ser conocida como “l. L.”. Era analfabeta, pero también muy dispuesta en acabar con la vida de los demás. Durante el periodo que nos ocupa siempre iba vestida de negro, guardando un riguroso luto a algún familiar. Residía en el actual barrio de El Pilar. Su marido se llamaba J. y contaba con un margen de edad considerable respecto a ella. El matrimonio tuvo varios hijos. Este señor trabajaba para una familia pudiente y labradora del pueblo, residente en la zona céntrica. De la gran cantidad de entrevistas a los vecinos nadie tuvo una mala palabra hacia él, con lo cual es previsible que se mantuviera al margen de las fechorías que hacía su mujer. El grado de maldad de J.A. era tan manifiesto que llegó a utilizar a su joven hijo llamado A. para que fuera a capturar y detener a aquellas personas que ella señalaba con el dedo. Todo lo ordenaba en el entorno de su casa, porque como todos estos violentos, además de ser chivatos y asesinos, eran unos auténticos cobardes. Sus deseos reprimidos de revanchismo o represalias, de odio hacia la gente afín a la República, enemigos por algún motivo, como amoroso, envidia, y demás personas que no eran de su agrado fueron de largo saciados con la guerra civil. Por su labor de exterminio de “rojos” e “indeseables” le llevó a una sublime admiración de la nueva autoridad fascista de la ciudad de Villafranca de los Barros.
Su hijo, copartícipe suyo y de los fascistas locales, acabó enrolado en el autodenominado Bando Nacional en el frente. Los jóvenes villafranqueses eran conocedores de las detenciones de personas inocentes que este, con otros adláteres, ejercían. Muchos de estos jóvenes fueron llamados para incorporarse al frente por las autoridades golpistas, pero por todos es conocido que gran parte de los soldados del Bando Nacional fueron forzados y además comulgaban con la izquierda y la República. El caso es que villafranqueses que coincidieron con él en el frente no pudieron indultar a este cómplice de muchos asesinatos y no tuvieron la menor duda en poner fin a su vida. De haber vivido hubiera tenido con toda seguridad tras la finalización de la contienda un buen premio, y es que su madre analfabeta, pero muy presta en tomar decisiones e intuitiva le dio el encargo de las detenciones no sólo para saciar su hambre destructiva, sino también para que tras la victoria final su vástago recibiera la recompensa laboral, ya fuere civil o militar. El cuerpo inerte de este criminal no se supo a qué lugar fue a parar. Con esta desaparición del cuerpo, cierto castigo recibió su mezquina madre, pero no todo lo contundente que merecía por sus actos.
Estas personas aviesas y perpetradoras de la matanza que el bando vencedor llevó a cabo han permanecido en el más escandaloso anonimato público, pero no el privativo recuerdo colectivo de los coetáneos que convivieron con ellos y que se atrevieron a desvelar las tropelías cometidas, valientes y justos que han contribuido para que historiadores e investigadores hayamos podido recabar cuantiosa información involucrándonos en hacer público lo más posible que de ellos hemos recibido, y en parte romper el hermetismo de décadas durante el franquismo e incluso la posterior democracia vigente.
No sería hasta que José Luis Rodríguez Zapatero ocupara la presidencia del Gobierno cuando se tuvo la firme voluntad de honrar a cientos de miles de víctimas, asesinadas o no, de la represión fascista (sería a través de La Ley 52/2007 o Ley de Memoria Histórica), además es recordado por otras actuaciones dignas de mencionar. Durante su mandato se pone fin a una de las lacras más desoladoras de la historia de España, el terrorismo de ETA, que estuvo activo desde 1968 (1960 por los autores del libro “Vidas Rotas”, Rogelio Alonso, Florencio Domínguez Iribarren y Marcos García Rey) hasta que esta organización dio un comunicado anunciando el cese definitivo de su actividad armada, el día 20 de octubre de 2011. La cifra de fallecidos tiene una horquilla que va por la disparidad de criterios de 845 a 853-858. Todas estas personas han recibido el merecido reconocimiento, homenaje o mención tanto de las autoridades políticas como de la población civil, especialmente la asociativa u organizativa.
El terrorismo de ETA, como se ha comentado, comenzó a asesinar oficialmente en 1968, concretamente el 7 de junio cuando acabó con la vida del guardia civil José Antonio Pardines Arcay en las proximidades de San Sebastián contando con la corta edad de 25 años. Durante el franquismo cometió entre 30 y 43 asesinatos, las cifras por lo general oscilan. Se llevó por delante a miembros del Ejército y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y población civil como empresarios, políticos, jueces, periodistas y catedráticos entre otros. Importante es recordar que ETA fue fundada con el objetivo de lograr la independencia de Euskadi con la tarea difícil de combatir al franquismo.
Mientras el franquismo honraba a los asesinados por ETA, a la par, los fervientes católicos pasándose por el arco del triunfo el quinto mandamiento de su fe, “no matarás”, hacían lo mismo que las organizaciones armadas, asesinar a los perdedores de la guerra de España y a los antifascistas, entre otros, desde el fin de esta hasta la muerte del dictador. Las últimas personas ejecutadas por la dictadura fueron los antifascistas del FRAP y ETA José Luis Sánchez-Bravo Solla, José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui Etxeberria el 27 de septiembre de 1975, poco menos de dos meses antes de la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975.
En el año 2022 la izquierda continúa ampliando la legislación en honor a las personas que padecieron persecución o violencia con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Es evidente que a la derecha y a mucha gente de este país no le interesa la vigencia de estas leyes que pueden sonrojarlos por sus vínculos sanguíneos con asesinos, chivatos y colaboradores de la masacre de la guerra y la dictadura. Lo que menos desean es que los nombres de estos indeseables salgan algún día a la luz. Del mismo modo que existe una ley de memoria de aplicación a todo el territorio nacional, también las comunidades autónomas pueden aprobarlas. La derecha y la ultraderecha harán todo cuanto esté en sus manos para derogarlas y aprobar otra que denominan Ley de Concordia con el único fin de tapar a toda una caterva de malhechores. Sería conveniente optar por la ley nacional e impedir que dependiendo del color de gobierno autonómico se esté continuamente jugando con el honor de personas asesinadas, maltratadas y/o vilipendiadas. Una de las leyes que previsiblemente será derogada es la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.
Quédense con el nombre de esta ciudad, Villafranca de los Barros, porque ahora ha sido el turno de sacar a la luz a la maléfica enlutada, pero de lo que se trata es que no haya impasse y que la historia funesta de este conflicto sea divulgada de la forma más completa posible, y que englobe víctimas y verdugos. Los principales asesinos están perfectamente identificados. En cuanto a las víctimas desgraciadamente la cifra real no la llegaremos a saber, salvo que en algún lugar inesperado se encuentre el listado completo y sea difundido.
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Un pensamiento en "La maléfica enlutada y la firme intención de ocultar la crueldad fascista"