El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha asegurado que el equipo de gobierno “no tiene ningún miedo” ante la posibilidad de que el Partido Popular emprenda acciones judiciales por la difusión de un vídeo del último pleno municipal y ha afirmado que, en todo caso, quien podría acudir a la Fiscalía sería él por unas presuntas injurias a la autoridad, aunque ha descartado hacerlo para evitar contribuir a la crispación política.
Ramírez ha explicado que la polémica se originó durante el último pleno, a raíz de una actualización del inventario municipal de vehículos, en la que se dieron de baja numerosos automóviles que ya no estaban en uso y que no se habían retirado del inventario desde 1992.
Según ha relatado, durante el turno de ruegos la portavoz del PP, Isabel Cortés, preguntó si el Ayuntamiento había calculado el coste que había supuesto no dar de baja esos vehículos en relación con el impuesto de circulación. El alcalde ha señalado que la respuesta era “muy sencilla”, ya que los ayuntamientos están exentos por ley del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de los vehículos municipales, del mismo modo que ocurre con el IBI de los edificios de titularidad municipal.
Ha indicado que, tras esa respuesta, se produjo el enfado de la concejala popular y que él le llamó la atención por su comportamiento durante la sesión. En ese momento, ha asegurado que no percibió ningún insulto porque estaba pendiente de quien intervenía, aunque posteriormente, al revisar la grabación realizada desde la bancada de la oposición, sí comprobó la existencia de unas expresiones que considera ofensivas.
El regidor ha defendido que desde la Alcaldía siempre aceptan las críticas políticas, incluso cuando son “desmesuradas” o rozan el insulto, porque forman parte del debate democrático. No obstante, ha diferenciado esas críticas de los insultos personales.
En este sentido, ha mostrado su sorpresa por la reacción del Partido Popular, al considerar que, en lugar de pedir disculpas por las expresiones pronunciadas durante el pleno, optó por anunciar posibles acciones judiciales contra el PSOE por la difusión del vídeo.
Ramírez ha explicado que Isabel Cortés le trasladó posteriormente que aquellas palabras no iban dirigidas hacia él, aunque el alcalde ha asegurado que no comparte esa interpretación.
Asimismo, ha defendido la legalidad de la grabación difundida al recordar que las sesiones plenarias son públicas y que cualquier ciudadano puede asistir a ellas, por lo que ha rechazado que pueda hablarse de una vulneración de la intimidad.
El alcalde ha afirmado que, desde el punto de vista jurídico, sería él quien podría presentar una denuncia ante la Fiscalía por injurias a la autoridad, aunque ha dejado claro que no lo hará, independientemente de que haya disculpas o no.
“No voy a colaborar con la crispación”, ha señalado Ramírez, quien ha insistido en que su intención es que la vida política municipal transcurra con normalidad, manteniendo las diferencias y el debate político, pero siempre desde el respeto institucional.
En ese sentido, ha vinculado el incremento de la tensión al acercamiento del final de la legislatura y ha advertido de que este tipo de enfrentamientos terminan trasladándose también a la sociedad.
Finalmente, ha reiterado su respaldo al equipo de gobierno y ha asegurado que todos sus concejales tienen instrucciones de responder a las críticas “con corrección, con argumentos y sin salirse de tono”. Además, ha confiado en que este episodio quede como “una anécdota” y no vuelva a repetirse en futuros plenos municipales.