- Las organizaciones agrarias advierten de que algunas ofertas se sitúan en torno a 0,28 euros por kilo, casi la mitad de los costes de producción de referencia del INCAVI, que oscilan entre 0,53 y 0,56 euros
Las principales organizaciones productoras de uva destinada a cava de España han unido sus fuerzas para reclamar precios que permitan cubrir los costes de producción y evitar que los viticultores tengan que trabajar a pérdidas durante la campaña de vendimia. Entre los firmantes se encuentran la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) y APAG Extremadura ASAJA, junto a otras cinco entidades del sector.
Las organizaciones han suscrito un acuerdo para mostrar su rechazo a los primeros precios de compra planteados por algunas bodegas, que consideran «inadmisibles» y contrarios a la sostenibilidad económica del sector. Según denuncian, algunas ofertas se sitúan de media en 0,28 euros por kilo, prácticamente la mitad de los costes de producción de referencia calculados por el INCAVI, que se sitúan entre 0,53 y 0,56 euros por kilo.
En concreto, señalan que el Grupo García Carrión y Vins Font estarían planteando pagar alrededor de 0,30 euros por kilo, mientras que Celler Can Pagès pretende situar el precio en torno a los 0,25 euros por kilo.
Una situación similar se plantea en Almendralejo, donde, según la Comunidad de Labradores, las bodegas de cava estarían barajando precios de unos 0,25 euros por kilo. La organización califica esta cantidad de «auténtico abuso» y considera que aboca a los viticultores a producir por debajo de sus costes.
Las organizaciones agrarias también han alertado sobre posibles fórmulas comerciales que, a su juicio, podrían utilizarse para ocultar el precio real que finalmente percibe el agricultor. En este sentido, muestran su preocupación ante la posibilidad de que únicamente el 70% de la cosecha se pague al precio anunciado, mientras que el 30% restante pueda quedar sujeto a precios muy inferiores, que podrían llegar hasta los 0,12 euros por kilo.
Por ello, advierten de que no permitirán limitaciones de kilos o porcentajes que terminen reduciendo de forma artificial la media final percibida por los productores.
Los firmantes consideran que las exigencias de profesionalización del sector, adaptación al cambio climático y mejora de la calidad de la uva resultan incompatibles con unos precios que califican de «ruina». Asimismo, recuerdan a las bodegas que la sostenibilidad ambiental no puede desligarse de la sostenibilidad económica y social de las familias que trabajan las explotaciones agrícolas.
«Los viticultores no permitirán que se construya el futuro del sector a costa de la ruina de los agricultores», señalan las organizaciones, que reclaman a las empresas elaboradoras que actúen con responsabilidad y revisen sus propuestas de cara a la campaña.
El sector productor también anuncia nuevas medidas de presión. Una vez que se oficialicen las tarifas de compra, las organizaciones aseguran que harán públicos los nombres de aquellos compradores y bodegas que paguen por debajo de los costes de producción de referencia. También pretenden informar sobre aquellas fórmulas comerciales que, según denuncian, permitan reducir el precio medio de la uva, así como sobre los precios del vino base Cava que consideren insuficientes.
Las organizaciones firmantes han hecho un llamamiento a las empresas elaboradoras para que rectifiquen antes de que se cierre la campaña de contratación y apuesten por unos precios que garanticen la continuidad de las explotaciones vitícolas.
El acuerdo ha sido suscrito por la Associació de Viticultors del Penedès, Unió de Pagesos, APAG Extremadura ASAJA, JARC, Asociación de Viticultores de Requena, Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL), Revolta Pagesa y la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.