- Denuncia el abuso de intermediarios y transformadores pagando precios un 20% por debajo de los costes de producción
- Pide a las autoridades que investigue posibles entradas de aceituna de terceros países que se estarían comercializando como extremeña
- No descarta acudir a la Unión Europea para defender los derechos de los agricultores ante la pasividad de las autoridades estatales
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) exige públicamente al Gobierno central que cumpla con sus obligaciones legales e inspeccione de manera inmediata los puestos de compra y las industrias de transformación, con el objetivo prioritario de frenar en seco la venta de aceituna de mesa a pérdidas, una práctica prohibida por la Ley de Cadena Alimentaria, pero que las autoridades competentes parecen ignorar.
La Comunidad de Labradores califica de ‘expolio intolerable’ la situación en la que se encuentran los olivareros de la comarca de Tierra de Barros, y denuncia abiertamente el abuso sistemático perpetrado por intermediarios y transformadores, quienes imponen de manera unilateral unos precios irrisorios para la aceituna, que bajan sistemáticamente por el hecho de que llueva y el fruto alcance mejor calibre.
La Organización agraria subraya que con el precio de 1,1€, el más alto para el mejor calibre existente, ni si quiera se cubren los costes de producción que, en el caso del olivar tradicional de secano, el más extendido en Tierra de Barros, ha escaldo hasta 1,23 €, según el estudio realizado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).
Alerta por competencia desleal y falta de trazabilidad
La gravedad de la situación no se limita solo a los precios en origen, por eso la CLYGAL solicita a las autoridades competentes en consumo y agricultura que investiguen con urgencia la trazabilidad del mercado, ya que hay comentarios y rumores sobre posibles entradas de aceituna procedentes de terceros países, un producto que podría estarse introduciendo en los canales de distribución y comercializándose de forma fraudulenta como si fuera aceituna española, hundiendo todavía más las cotizaciones locales.
Ante lo que consideran una ‘pasividad cómplice’ de las autoridades competentes, la Comunidad de Labradores no descarta emprender acciones legales, y acudir a la Unión Europea para denunciar formalmente el desamparo institucional que sufren los productores, frente al incumplimiento flagrante de la Ley de Cadena Alimentaria.