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Unidas por Zafra-IU exige “soluciones urgentes” ante la falta de personal municipal

Unidas por Zafra-IU ha exigido al equipo de gobierno municipal que adopte “soluciones inmediatas” ante la falta de personal en el Ayuntamiento, una situación que, según la formación, no responde a la ausencia de recursos económicos, sino a la “falta de voluntad política”.

Desde el grupo denuncian que los servicios públicos atraviesan una situación de deterioro visible, con trabajadores desbordados por bajas y permisos que no se cubren, instalaciones municipales sucias o desatendidas, expedientes acumulándose y proveedores que sufren retrasos en el cobro de sus facturas.

Unidas por Zafra-IU advierte de que el municipio no puede convertirse en un ayuntamiento “subvención-dependiente” que solo funciona cuando llegan decretos de la Junta de Extremadura. A su juicio, el Consistorio está renunciando a su autonomía y a su responsabilidad de garantizar servicios públicos de calidad durante todo el año, pese a que los vecinos cumplen con sus obligaciones fiscales.

La formación considera que garantizar el funcionamiento municipal los 365 días del año es una obligación de gestión que el actual Gobierno local está ignorando. Asimismo, critica lo que califica como mala planificación y el uso de “parches”, como el recurso reiterado al reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar facturas y gratificaciones, citando como ejemplo el caso de la FIG.

En este contexto, Unidas por Zafra-IU rechaza que se utilice el límite del 8 % de temporalidad o la lentitud de los programas de empleo como excusas para justificar la parálisis municipal. Según expone, existe una solución jurídica y técnica inmediata para reforzar la plantilla, amparada en la Ley de Haciendas Locales y con el respaldo de la Diputación de Badajoz.

La formación sostiene además que la Junta de Extremadura y la Diputación están obligadas a cooperar con el Ayuntamiento y recuerda que, si la administración local carece de capacidad técnica suficiente, puede invocar el principio de lealtad institucional y el deber de colaboración recogido en el artículo 141 de la Ley 40/2015. A su entender, negar ese apoyo supondría perjudicar directamente a los vecinos de la localidad.

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