El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y la plantilla de Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA) han denunciado públicamente la situación de “irregularidad, desamparo laboral y falta de transparencia” en la concesión del servicio de transporte regular de viajeros por carretera en la línea Mérida-Sevilla.
Según han señalado en un comunicado, consideran “inadmisible” que la empresa adjudicataria del servicio público haya vendido la totalidad de su flota de vehículos, careciendo en la actualidad de medios materiales para cumplir con el contrato.
Esta situación, exponen, ha derivado en una “subcontratación opaca”, ya que el servicio estaría siendo prestado por otra empresa con sus propios vehículos y personal. A juicio de CCOO, esta práctica “desvirtúa el objeto de la licitación” y podría suponer una cesión ilegal de trabajadores, además de un posible fraude en la ejecución del servicio público.
Impacto en la plantilla
El sindicato y los trabajadores denuncian que la venta de los autobuses ha tenido consecuencias directas sobre la plantilla. En este sentido, indican que los conductores han sido relegados a funciones de control de billetes, lo que califican como una movilidad funcional “injustificada” que ha afectado a su dignidad y condiciones laborales.
Asimismo, critican que el servicio se esté prestando por personal ajeno a la concesión, lo que, según sostienen, vulnera derechos como la subrogación y la estabilidad en el empleo.
Críticas a la Administración
CCOO también ha cuestionado el papel de la Administración, a la que acusa de mantener un “silencio cómplice” pese a tener conocimiento de que la empresa adjudicataria no dispone de medios propios ni de que el servicio lo presten los trabajadores adscritos a la concesión.
En este sentido, consideran que el consentimiento de las autoridades ante lo que califican como un “alquiler de concesión” supone una dejación de funciones en la supervisión del servicio público y del uso de fondos públicos.
Falta de información y exigencias
El comunicado recoge además que, tras meses de irregularidades y supuestos impagos, la plantilla continúa sin información sobre un posible plan de viabilidad o sobre el futuro de sus puestos de trabajo.
Ante esta situación, los trabajadores exigen una respuesta inmediata de la Administración, así como la intervención de la Inspección de Trabajo para esclarecer los hechos y garantizar la continuidad del servicio y del empleo en la línea Mérida-Sevilla.